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El despido exprés y los salarios de tramitación con la reforma

La reforma laboral ¿el fin de los despidos exprés?:
Anteriormente a la reforma y con, lo que en principio parece, una finalidad meramente económica, los empresarios a través el artículo 56 del ET podían limitar o eliminar el eventual pago de salarios de tramitación ante posibles demandas por parte de los trabajadores.
Así, el despido exprés o el reconocimiento de la improcedencia del despido por parte del propio empresario, poniendo a disposición del trabajador la indemnización máxima evitaba que este acudiera a la jurisdicción social, pero si aún así decidiera demandar y  finalmente la Sentencia le diera la razón, el empresario no sería condenado a nada, ya que ya reconoció la improcedencia del despido en su momento y consignó la indemnización correspondiente.
Por ejemplo.- La empresa A,s.l. despide por causas disciplinarias a Juan, este decide acudir ante los tribunales, la Sentencia que sale 5 meses después da la razón a Juan declarando improcedente el despido y condenando a la Empresa a indemnizarle (45 días por año antes de la reforma) , además la Empresa está obligada al pago de los "salarios de tramitación" , es decir desde la fecha en que despidió a Juan hasta la fecha de la sentencia debe abonar a Juan sus salarios (nómina) como si este hubiera ido a trabajar, en el caso de que Juan haya estado cobrando la prestación por desempleo, la Empresa A,s.l. deberá devolverla al Spee y abonar la diferencia (nómina-paro) a Juan. -como consecuencia para Juan ante el Spee no habría consumido ese paro, quedándole intacto para el futuro.
Si la Empresa A,s.l. hubiera realizado un despido exprés, a la fecha de la sentencia no debería abonar nada, ya que en su momento consignó ante el juzgado de lo social  la indemnización por despido improcedente, y no habría lugar a salarios de tramitación.
La reforma de 2012 hace mención a este "tipo" de despido inventado por los empresarios, reconociéndolos como el principal cauce de extinción de los contratos indefinidos, y fuente de inseguridad para los trabajadores, ya que la decisión de realizar un despido exprés normalmente es unicamente por razones económicas, basadas en la antigüedad del trabajador, (es decir el coste del despido), además se reconoce que esta práctica empresarial limita las posibilidades de impugnación judicial a los trabajadores.
Tampoco para los empresarios esta práctica es un comportamiento económicamente racional, ya que no se tiene en cuenta criterios de productividad del trabajador y es mucho más caro que  un despido procedente, ¿por qué entonces las Empresas optan por el despido exprés?: por la avalancha sentencias contradictorias, (imposible aventurar la decisión judicial) y los costes adicionales a los procesos judiciales derivados de  los salarios de tramitación.
La reforma propone entonces:
  1. cuando el despido sea declarado improcedente, el empresario, en 5 días desde la sentencia optará por readmitir al trabajador o abonarle una indemnización de 33 días de salario por año hasta un máximo de 24 mensualidades.
  2. en caso de que el empresario opte por la readmisión, el empresario abonará los salarios de tramitación en cuantía equivalente a la suma de salarios dejados de percibir desde la fecha del despido declarado improcedente hasta la fecha de la notificación de la sentencia.

Así que resumiendo, la sentencia que declara el despido hecho por el empresario como improcedente da una opción a la Empresa:
  • readmitirlo en las mismas condiciones que antes del despido
  • abonarle la indemnización por despido improcedente.
La reforma solo obliga a pagar los salarios de tramitación en el caso de que se readmita al trabajador, en caso de que la Empresa opte por la no readmisión no estaría obligada a pagar salarios de tramitación, unicamente la indemnización de los 33 días, parece ser que está será la tendencia a partir de ahora, realizar despidos objetivos con una indemnización de 20 días por razones económicas, técnicas o de producción, y dejar en manos de jueces en el supuesto de demanda la declaración de improcedencia, que en todo caso les obligaría a completar esa indemnización a 33 días, consumiendo el trabajador por lo tanto, la prestación por desempleo mientras dura el procedimiento.

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